La jurisdicción coactiva es la facultad especial que la ley otorga a la administración pública para adelantar directamente, sin acudir a la vía judicial, el cobro de los créditos a su favor originados en multas, contribuciones, alcances fiscales determinados por las contralorías, obligaciones contractuales, garantías, condenas judiciales y demás obligaciones contenidas en un título ejecutivo. Esta potestad responde a la necesidad de recaudar de manera ágil los recursos indispensables para el cumplimiento de los fines del Estado.